Por: C.P. Gerardo Ledesma G.
Recientemente los datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, daban a conocer el promedio de antigüedad de la flota vehicular del autotransporte terrestre de carga, donde se informa que de acuerdo a sus estadísticas, el promedio se va haciendo cada vez, a través de los años más antiguo pese a los esfuerzos para revertir esta tendencia. Para enero de 2017 se ubicó en 17.05 años el promedio de antigüedad.
El Programa de Renovación Vehicular implementado por el Gobierno Federal destinado a chatarrizar transportes antiguos, ha significado una buena opción para los transportistas que deciden renovar sus unidades, especialmente para las flotillas pequeñas y medianas. Este programa ha actualizado a lo largo de su vigencia el monto de sus estímulos y la mecánica de operación para beneficiar a los contribuyentes a los que va dirigido.
Se promulgó también para este ejercicio fiscal, de estímulo fiscal en materia de “Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo para las Micro y Pequeñas Empresas” el pasado 17 de enero de este año, donde se menciona un beneficio para la actividad de autotransporte de carga y pasaje de deducción inmediata de 93% para el 2017 y de 87% para el 2018.
Estos dos beneficios sin duda son un incentivo interesante, especialmente para las pequeñas y medianas empresas para renovar las unidades viejas por equipos nuevos, con mayor tecnología enfocada a la seguridad vial y con motores menos contaminantes; pero el hecho de que las estadísticas del gobierno indiquen que esto no está sucediendo, quiere decir que son insuficientes.
Para las empresas autotransportistas con grandes flotillas y las empresas de gran tamaño con flota propia, la evaluación integral en costos, en regulaciones pero sobre todo en seguridad que representa tener unidades anticuadas con tecnologías obsoletas, es suficiente razón para implementar programas permanentes de renovación vehicular. Pero las condiciones económicas y de mercado, el marco regulatorio y los esquemas de financiamiento existentes en nuestro país hacen necesario que existan estímulos fiscales a diferentes niveles para favorecer la competitividad del sector a nivel nacional.
El problema de la corrupción y la falta de estado de derecho en México, permite que muchas empresas trabajen en la informalidad y estas actividades tienen múltiples repercusiones. Los transportistas que operan bajo estas condiciones en su afán de abatir sus costos, recurren al mercado negro de combustibles, no otorgan a sus operadores prestaciones de seguridad social y no cumplen con disposiciones ambientales y de seguridad en sus unidades, entre otras omisiones. Este tipo de actividades distorsionan el mercado y promueven la existencia de actividades delictivas que perjudican la productividad del sector del autotransporte terrestre de carga.
La promoción de estímulos fiscales que recompensen a los contribuyentes cumplidos, como los existentes al acreditamiento del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio (IEPS) del diésel y el acreditamento de parte de los peajes pagados son un buen inicio para esta tendencia. Sin embargo al igual que los beneficios del programa de chatarrización y del de la deducción inmediata, son insuficientes por lo limitado de sus esquemas y que el beneficio real es difícilmente alcanzado por los sujetos a quienes está dirigido. Las limitantes de aprovechar estos beneficios únicamente contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado (o el retenido en el caso del diésel) propician que en muchas ocasiones estos estímulos queden como letra muerta.
En el caso del programa de renovación vehicular, es necesario ampliar el espectro de posibles beneficiarios, mediante un mejor esquema de encadenamiento al mercado secundario; es decir que se permita algún beneficio para grandes empresas que adquieran unidades nuevas y que enajenen vehículos no tan viejos a transportistas con flotas pequeñas con beneficios atractivos y fácilmente alcanzables, con acceso a esquemas de financiamiento amigables que permitan cambiar su inventario de activo fijo por camiones mucho más nuevos que les faciliten competir en mejores condiciones tecnológicas y de seguridad.
Para esto, es deseable también que el beneficio de deducción inmediata se amplíe a todo el sector del autotransporte terrestre de carga, que combinado en el estímulo anterior detone el mercado de venta de vehículos en México, mejorando las condiciones del parque automotriz a todos los niveles.
Puede acompañarse estos esquemas con regulaciones cada vez más estrictas para la circulación de unidades muy antiguas o que no cumplan con las Normas Oficiales vigentes en materia de seguridad o de condiciones físico – mecánicas; pero para esto es necesario todo el apoyo de las autoridades para que no sea la corrupción la que permita que continúen trabajando vehículos irregulares o en malas condiciones, nulificando el esfuerzo realizado por las empresas formales.
Todo el apoyo que las autoridades fiscales y del sector transporte otorguen a favor de la seguridad y de la productividad, que promuevan el estado de derecho y el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, ambientales, laborales y de seguridad, redundarán en beneficio para toda la cadena productiva y para la competitividad de la economía nacional en general, que lejos de significar una menor recaudación de impuestos para el gobierno serán un detonante de una mayor, mejor y más segura actividad productiva en nuestro país.
