El transporte de mercancías es de vital importancia para la economía del país, es por esta razón que protegerlo es primordial. Desde hace años el robo de unidades y de mercancía es un problema que impacta negativamente al sector, anteriormente los procesos legales para combatir estos actos ilícitos eran difíciles y en muchas ocasiones no resolvían el problema.
En 2018, se logró una reforma al segundo párrafo del Artículo 19 Constitucional, donde se agregó como delito que amerita prisión preventiva oficiosa el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. Derivado de esta reforma, ahora los implicados en el acto delictivo de robo al transporte de carga, al ser detenidos, pasan directamente a tener prisión preventiva, sin que entre a debate si es necesaria o no, como anteriormente se contemplaba.
Aunado a ello, el nuevo sistema penal acusatorio trajo consigo diferentes beneficios en pro de la resolución de conflictos. Entre los principales beneficios se encuentran: mayor imparcialidad del tribunal, realizar sentencias más rápidas, fomentar la responsabilidad de los órganos de la administración de justicia, disminuir la incidencia delictiva a nivel nacional y despresurizar la acción del sistema penitenciario.
En otros ámbitos, también se logro una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al Código Penal Federal, donde prohíbe la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.
Estos inhibidores de señal o “jammers”, son utilizados para impedir que la señal GPS llegue a los centros de monitoreo y así efectuar con mayor libertad el robo de mercancías o unidades en carretera, gracias a la reforma se ha dificultado la obtención de estos inhibidores, además de que ahora pueden ser utilizados en el proceso legal como agravante a los delitos.
Gracias a diversas reformas, el robo al transporte de carga ya es atendido en el fuero federal, lo que implica un mayor número de condenas y carpetas de investigación por este delito. Si bien, se ha tenido un gran avance en este rubro, aún queda camino por recorrer, como lo dijo la Dra. María de los Ángeles Fromow, Directora General de MAF & Asociados: “aterrizar la ley y hacerla efectiva a veces cuesta, por lo que es indispensable estar al tanto de todos los cambios que se presenten dentro del sistema penal, así como tener consejeros jurídicos que orienten a las víctimas que hayan sufrido un delito, ya sea una empresa o un operador de unidad”.
Si bien el sentido de tener un asesor jurídico es que nos oriente en los procesos legales en los que se vea involucrada la empresa, también es acertado contar con una capacitación constante en materia de robo al autotransporte de carga, además de tener protocolos bien definidos de actuación ante un hecho ilícito.
Aunado a la responsabilidad del asesor jurídico, se encuentra la aptitud y capacidad de las instituciones y organismos de impartición de justicia, dado que son elementos que trabajan conjuntamente. Es por ello por lo que cada hecho delictivo se puede tratar de manera diversa, aunque parezca que son lo mismo en esencia.
Siguiendo este razonamiento, es fundamental tener un asesor jurídico encargado de los casos de robo, para que la línea de investigación pueda ser ampliada, así velar por los intereses de la empresa, y no solo quedarse con lo dicho por el Ministerio Público.
Para lograr un resultado positivo en la resolución de conflictos relacionados con el robo al autotransporte de carga, es preciso centrar la atención en diferentes ámbitos, como lo es la asesoría de víctimas, el proceso legal de cada caso que ocurra, la prevención y capacitación dentro del área jurídica. Todos estos elementos en conjunto se vuelven propicios para tener una política pública integral.
Sin duda, el robo al transporte de carga seguirá presente en el país, es por ello por lo que ahora más que nunca, todas las empresas del sector deben capacitarse y ampliar su conocimiento en la materia, para que en conjunto con todos los niveles de gobierno se logre un cambio que favorezca a la industria y a la sociedad en general.
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