El incremento en el precio de las gasolinas y el diésel para el año 2017 causó un revuelo entre la sociedad nunca antes visto. Motivado por factores de orden externo como la cotización internacional del barril de petróleo y factores internos como el tipo de cambio del peso contra el dólar, el ajuste a los ya de por si elevados precios de los combustibles provocó reacciones de protesta que fueron desde el bloqueo de carreteras por los autotransportistas hasta el saqueo de almacenes por parte de la población civil.
En medio de este ambiente agitado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Gobierno Federal intentaban explicar a través de los medios de comunicación los plazos en que se irían ajustando y liberando los precios para que fueran las fuerzas del mercado las que los fijaran, dando a conocer las complejas fórmulas matemáticas que utiliza para establecer estos y puntualizando en todo momento que el culpable de estos incrementos era la coyuntura mundial.
Desde el ejercicio de 2016 se establecieron cargas fiscales a los combustibles a través del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que sumado al Impuesto al valor agregado (IEPS) que causan las gasolinas y el diésel, generan una carga fiscal de aproximadamente un 40% por cada litro que se vende.
En el sector del autotransporte terrestre de carga, tanto para las empresas del servicio público federal y el transporte privado de carga existe el beneficio sobre acreditamiento en el IEPS del diésel contra el Impuesto Sobre la Renta, causado o retenido, que para el ejercicio de 2017 fue fijado en un importe de $4.73 pesos por litro.
Aunque este estímulo aminora un poco el impacto del incremento en la medida en que
pueda aprovecharse el acreditamiento, desde el 27 de diciembre de 2016 el gobierno federal ha emitido decretos para ajustar los importes del impuesto para que el precio de venta se ajuste a lo calculado por la CRE, en tanto se va cumpliendo el plazo de liberar totalmente la cotización. De esta forma, los elementos que integran el precio de venta de los combustibles como el precio de importación, la distribución y los márgenes comerciales permanecen constantes y en la parte de los impuestos se ajusta el monto del IEPS causado para obtener el importe determinado por la CRE para el periodo de referencia.
En días pasados, a principios de febrero de 2017, cuando de cuerdo con el calendario de la CRE estaba programado un ajuste al precio de los combustibles y que con base en los cálculos conocidos se estimaba en un incremento de entre el 8% y 10%, la expectativa y la presión en las redes sociales y en los medios de comunicación crecía mientras se acercaba la fecha. Finalmente el Gobierno Federal anunció que no habría tal.
En la población en general ya no se produjo este hecho que hubiera exasperado los ánimos y motivado nuevas protestas, pero el decreto emitido paralelamente nuevamente anunciaba la disminución en el monto del IEPS causado. Ahí se contuvo el posible incremento y se volvió a usar el impuesto como elemento de ajuste para mantener la cotización.
La publicación de referencia es el “Decreto por el que se reforma el diverso por el que
se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, publicado el 27 de diciembre de 2016” en el que se informan los estímulos fiscales aplicables al IEPS en la enajenación de combustibles para disminuir su monto.
En la publicación del pasado 3 de febrero de 2017 se da a conocer un ajuste del 33.85% en el monto del IEPS del diésel que representa un importe equivalente a $1.601 por litro para causar una cantidad de $3.129 por cada litro de combustible enajenado, lo que representa también una disminución del importe que se puede acreditar de acuerdo al beneficio del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, que permite acreditar el importe del IEPS del diésel contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Es decir, aunque el Gobierno Federal anuncie que los precios de venta de los combustibles no se incrementarán por determinado periodo, debido al decreto en realidad a los contribuyentes del sector autotransporte que cumplen correctamente con sus obligaciones fiscales les está incrementando el costo al disminuir el beneficio otorgado en la Ley de Ingresos, situación que provoca incertidumbre y muchas variaciones en la integración de los costos logísticos en periodos cortos de tiempo.
Sería muy deseable que este tipo de variables se manejarán con una mayor estabilidad y que los beneficios que otorguen las autoridades fiscales sirvieran para estimular la competitividad y reconocer el compromiso que en sus obligaciones tienen los contribuyentes cumplidos.
Escrito por: Gerardo Ledesma
