Derivado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2020 – 2024, el pasado 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad (PEPC) 2020-2024, instrumento por el que se implementa dicha política nacional para potenciar las capacidades de mediano y largo plazo de las personas y empresas de México, con el fin último de incrementar el bienestar de la población.
El PEPC enmarca estrategias y acciones encaminadas a apoyar a los grupos de la población y a las unidades económicas particularmente afectados por la pandemia del COVID-19, a fin de que puedan reinsertarse por completo a la actividad económica y adaptarse a los cambios estructurales generados o acelerados por la enfermedad.
En este sentido, dentro del diagnóstico que hacen, el documento señala que el desarrollo económico de México se ha caracterizado por importantes divergencias entre regiones del país en términos de ingreso y bienestar de la población. Uno de los factores que lo genera son los niveles desiguales de productividad, lo que desaprovecha la posibilidad de crear un mercado interno más amplio y complementariedades productivas entre las regiones. Desarrollar estrategias que no atiendan la desigualdad genera en el largo plazo costos sociales elevados –condiciones de violencia e inseguridad- y menores tasas de crecimiento.[1]
También señala que las políticas públicas enfocadas a reducir la desigualdad no han sido suficientes para cambiar esta situación, ya que más de 50 millones de personas continúan viviendo en condiciones que no les permite salir adelante. Por eso es necesario complementar las políticas del gobierno con estrategias que incrementen los ingresos y la productividad en las regiones más rezagadas.
Una razón más para desarrollar el PEPC, menciona, es el Índice de Complejidad Económica, medida que aproxima las capacidades productivas, capital físico y humano, instituciones, entre otras, de sectores, regiones y países, a través de la canasta de bienes exportados por el país. Estas capacidades son relevantes para organizar la multiplicidad de conocimientos requeridos para la producción y refleja su utilidad para el funcionamiento en una economía. La complejidad considera dos dimensiones: la diversidad y el grado de especialización que requiere la producción. De esta manera, un país es considerado complejo si exporta productos cuya elaboración requiere un alto grado de especialización y una alta variedad de insumos.[2]
En México la variación del nivel de complejidad se observa en los estados y está asociada a las tasas de crecimiento de sus regiones. En general, las entidades en México con mayor índice de complejidad económica han logrado obtener mayores tasas de crecimiento. Elevar los niveles de complejidad en regiones más rezagadas puede generar aumentos en la productividad, sin embargo, para ello es necesario identificar las capacidades productivas y conforme a éstas impulsar actividades asequibles pero más complejas.
Aumentar la complejidad de una región implica mejorar el grado de conocimientos y especialización en la generación de sus productos, así como la variedad de bienes y servicios que genera, es decir, para transitar hacia habilidades más complejas se debe partir del conocimiento productivo que posee la región y aplicarlo en la elaboración de productos similares más complejos, que aún no se producen.
Promover estas condiciones permitiría que las regiones tengan mayores posibilidades de acceso a mercados nacionales e internacionales, lo cual propiciaría la reducción de brechas regionales. De acuerdo con el Atlas de Complejidad Económica para México y el INEGI, los estados que tienen mayores niveles de complejidad también presentan mayores niveles y tasas de crecimiento en sus exportaciones.
Un tema importante señalado en el PEPC es la infraestructura del país, pues otra condición necesaria para lograr una mejor integración de los mercados en las zonas más pobres y reducir las brechas es el desarrollo de infraestructura.
De manera textual, el documento señala que:
“en México existe una alta disparidad en la dotación y calidad de la infraestructura de transporte y logística, particularmente en la región Sur-sureste. Esto ha generado que en nuestro país todavía existan alrededor de 12% de localidades con bajo o muy bajo grado de accesibilidad (CONEVAL, 2010). En 2015, la proporción de caminos pavimentados en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca fue de 30%, mientras que en Nuevo León fue de 70%.[3] Además, en 2019, en el sur del país la velocidad promedio en las carreteras fue menor a 50 km/hora de acuerdo con el INEGI. La calidad de la infraestructura es una condición necesaria para incrementar el acceso a servicios y mercados, reducir los costos de transporte, y atraer el turismo y la inversión privada, especialmente cuando ésta se complementa con la provisión de insumos estratégicos, mayor capital humano y una mejor focalización de la producción hacia productos complejos. Además la provisión de infraestructura en esta región tiene el potencial de proveer conectividad a las comunidades más rezagadas, impulsar el crecimiento económico y social y mitigar las brechas existentes.”
En cuanto a la integración de cadenas de valor, el documento menciona que a nivel sectorial resulta difícil determinar las industrias con mayor potencial de crecimiento en las que se deba focalizar el esfuerzo gubernamental. Sin embargo, las empresas que participan en las cadenas globales de valor, son canales importantes para aumentar las capacidades productivas del país, debido al intercambio de conocimiento que tienen con otras industrias y países. Esto les permite el acceso a nuevos sistemas de producción y tecnologías, además de verse incentivadas a mejorar su calidad y disminuir sus costos con el objetivo de incrementar su competitividad respecto a las empresas extranjeras.
Para acceder a estas cadenas de valor se requiere contar con un nivel de calidad y volumen de producción adecuado que demandan los mercados, por lo que es necesario aumentar el acceso a nuevas tecnologías y procesos técnicos y proveer de acompañamiento y certificaciones a las empresas.
Sin embargo, aumentar el nivel de valor agregado nacional en los bienes producidos en estas cadenas de valor es un reto por resolver, pues en 2015 México contribuyó solamente con un 7% de valor agregado doméstico del total de las exportaciones de manufacturas de sus socios comerciales, mientras que países como India o Canadá lograron alrededor del 10% y Japón llegó a un máximo de 19% de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En general, presentan la reconfiguración de las cadenas globales de valor como una oportunidad para que más empresas en México puedan integrarse en nuevos procesos, más sofisticados y con mayor valor agregado, ya que los productos cuentan con acceso preferente al mercado de América del Norte. Además, señalan que con la ratificación del T-MEC aumentan los incentivos para fortalecer las cadenas de valor ya que las empresas tendrán que evaluar y replantear sus cadenas de suministro con el fin de identificar cuáles son las mejores alternativas para aprovechar y cumplir con las nuevas disposiciones del tratado. Lo que se podría traducir en una mayor eficiencia de costos y en mayor productividad.
Con la entrada en vigor del T-MEC y otros tratados comerciales, se espera que incremente la inversión nacional y extrajera debido a que ahora se cuenta con mayores índices de valor de contenido regional (VCR) que son un estímulo para crear cadenas de suministro regional. En el sector automotriz, mencionan, se ha elevado la exigencia de contenido regional tanto en el T-MEC (75% en 2023 frente al 62.5% del TLCAN) como con otros tratados comerciales (con Brasil es del 40%), lo que favorece la proveeduría, la producción y la comercialización de vehículos entre los países participantes.
Tras elaborar el diagnóstico, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, así como la de la Función Pública, concluyeron tener 5 objetivos prioritarios:
La capacidad de producción de la economía está determinada por la dotación de los factores de capital y trabajo, así como su asignación eficiente. Las ganancias se pueden lograr a través de la reasignación de recursos hacia los sectores, industrias y actividades más eficientes.
Las acciones del PEPC contemplan esquemas de asesorías para profesionalizar a los contribuyentes y promover su incorporación al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), así como estrategias de coordinación entre dependencias y entidades para fomentar la formalidad de las empresas y los trabajadores.
Promover condiciones e incentivos para que las empresas existentes desarrollen procesos más productivos y para que entren nuevas firmas, más eficientes, sustituyendo a aquellas menos productivas, son dos de los márgenes a través de los cuales es posible incrementar la producción del país.[4]
Se propone el desarrollo de una plataforma digital en materia de productividad económica que contenga información sobre la dinámica económica; las necesidades de infraestructura, conectividad logística y vías de comunicación; así como la disponibilidad de capital y mano de obra. Es preciso contar con un marco regulatorio innovador, sólido, abierto y transparente que brinde certidumbre y confianza para participar en el mercado.
La inversión en capital humano es fundamental para mejorar las competencias y habilidades de la población. En 2018 la educación promedio fue de 12.6 años, ajustado por calidad, el promedio fue de 8.6 años, lo que es similar al nivel observado en 2010 (8 años), lo que demuestra que no ha habido un avance y limita su desempeño laboral de acuerdo con el indicador de capital humano del Banco Mundial.
Se deben impulsar mecanismos de coordinación entre los sectores público y privado para fomentar los procesos de planeación y ejecución de proyectos de infraestructura a lo largo de su ciclo de vida, bajo una visión estratégica. También, se impulsará el transporte multimodal para el traslado eficiente de mercancías y se promoverá la conectividad logística de zonas estratégicas para reducir los costos de operación de las empresas. En el sector energético se impulsará la inversión que permitirá el abastecimiento oportuno de combustibles que mejoren la competitividad de la planta productiva.
Asegurar la competencia económica es un elemento relevante para mejorar la situación de la productividad. Una mayor competencia permite contar con una oferta eficiente de insumos y bienes finales a precios competitivos, lo que aumenta la competitividad de las empresas. La competencia, incentiva también, que las empresas adopten tecnologías y prácticas innovadoras para competir mediante mejores precios y productos de calidad, es decir se vuelven más competitivas. Algunos aspectos a considerar para fortalecer la competencia consisten en mejorar la regulación y su implementación en diferentes sectores estratégicos, tales como el agroalimentario, el financiero, de transporte terrestre, ferroviario y logístico.
Así las empresas y los inversionistas tendrán una mayor certeza de que sus operaciones se realizarán en tiempo y forma, lo que les permitirá tener menores costos de operación y les facilitará la planeación de proyectos de mediano y largo plazo, contribuyendo al desarrollo de la economía nacional.
El PEPC se focaliza en aumentar la productividad de todas las regiones de manera transversal, promoviendo un mayor acceso a mercados; infraestructura, conectividad y vías de comunicación; impulsando la disponibilidad de capital e insumos para la producción; proponiendo políticas para generar un ambiente competitivo y un desarrollo institucional adecuado. Busca impulsar las industrias regionales que tienen mayor potencial productivo para integrarse en las cadenas de valor, así como atender los rezagos y divergencias regionales a través de la inversión en proyectos prioritarios de infraestructura.
Se mejorará el acceso a nuevos mercados que permita, por un lado, la disminución del costo de los insumos y, por el otro, el aumento de la demanda de productos y servicios, mediante una eficiente infraestructura de logística y transporte.
Por ello es necesario mejorar las vías de comunicación para el transporte de bienes y servicios, dentro y hacia afuera del país de manera rápida, segura y confiable. Esto favorecerá que los productores tengan acceso a un mercado más amplio y que los bienes puedan ser distribuidos en un menor tiempo y costo.
Finalmente en el apartado 6 del documento se encuentran las Estrategias prioritarias y acciones puntuales, para cada objetivo señalado anteriormemente.
Link para consultar documento completo: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609267&fecha=31/12/2020
[1] Alesina, A. y D. Rodrik (1994). “Distributive Politics and Economic Growth,” The Quarterly Journal of Economics, 109(2): 465-490. Bénabou, R. (1996). “Inequality and Growth,” NBER Macroeconomics Annual 1996. Cambridge, MA: MIT Press; Barro, R. (2001). “Human Capital and Growth,” American Economic Review, 91 (2): 12–17; Berg, A., Ostry, J.D., Tsangarides, C.G. and Y. Yakhshilikov (2018): “Redistribution, inequality, and growth: new evidence,” Journal Economic Growth 23, 259–305.
[2] Hausmann, R., C. Hidalgo, S. Bustos, M. Coscia, S. Chung, J. Jiménez, A. Simoes y M. Yildirim (2011). “The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity,” Center for International Development. Harvard University. Recuperado de:
[3] Banco Mundial (2019). “Mexico – Systematic Country Diagnostic”. World Bank Group, Washington, D.C. Recuperado de:
https://www.worldbank.org/en/country/mexico/publication/mexico-diagnostico-sistematico-de-pais
[4] Cusolito, A. y W. Maloney (2018). “Productivity Revisited: Shifting Paradigms in Analysis and Policy,” Banco Mundial. Washington, D.C. Recuperado de: http://documents.worldbank.org/curated/en/578861548876206044/Productivity-Revisited-Shifting-Paradigms-in-Analysis-and-Policy
