En México el marco regulatorio del autotransporte de carga es considerado como excesivo, obstaculizando la operación de las empresas, causando duplicidad de trámites y costos adicionales.
Recientemente en diferentes estados y municipios se han establecido ordenamientos en los que se han contemplado nuevos permisos de circulación dentro de un área geográfica específica, este tipo de permisos conllevan en su mayoría un cobro por la tramitación. Estas disposiciones que los gobiernos han determinado son en la mayoría realizadas sin justificaciones específicas e incluso sin efectuar estudios de impacto acerca del desabasto que sufriría la población tanto en la distribución como en la oferta y demanda de los bienes y servicios transportados por el autotransporte.
En noviembre de 2019, en conjunto la COFECE, CONAMER y SE, publicaron el estudio de mejora regulatoria “Propuestas de Agenda Regulatoria Subnacional para Autotransporte de Carga”, el cual establece la importancia de que la regulación no obstaculice la competencia en el autotransporte de carga, señalando que es necesario homologar criterios y requisitos considerados en los tres órdenes de gobierno, para facilitar la aplicación expedita y efectiva de la misma.
Asimismo, menciona que la regulación federal no establece zonas que restrinjan la operación geográfica de los permisionarios de transporte. Esto es, un permisionario puede operar a lo largo de todas las vías federales. Por el contrario, diversas normas estatales exigen permisos para transitar por diferentes zonas del estado, representando costos administrativos para los proveedores del servicio de transporte de carga que impiden la provisión eficiente del permiso, como se mencionó anteriormente.
En dicho estudio, se nombran 11 propuestas de reformas regulatorias, en la cual destaca el “eliminar el requisito de obtención de permiso por parte de la autoridad local para la entrada del autotransporte federal”.
Dicha propuesta es indispensable considerarla, ya que, actualmente tenemos esta situación en el estado de Jalisco. Desde el mes de agosto de este año, como ANTP hemos realizado aportaciones de forma propositiva ante las diferentes disposiciones de restricción del transporte de carga impuestas por el Gobierno estatal, dentro del Área Metropolitana de Guadalajara a cargo del IMEPLAN. Compartiendo los objetivos de fortalecer la movilidad a través de la seguridad vial, establecimos propuestas con los representantes del gobierno de Jalisco, implementando la correcta aplicación y supervisión de la normatividad vigente evitando las restricciones, la sobrerregulación y por ende los sobrecostos de operación.
Posterior al trabajo continuo con el Gobierno Jalisciense y las exhaustivas mesas de trabajo que se efectuaron con toda la industria, nuestras propuestas no fueron consideradas en dichos ordenamientos, ya que, su prioridad es la recaudación derivado de la transportación de carga, creando afectaciones a la cadena de valor para la distribución en tiempo y forma en la demanda de bienes y servicios.
Las restricciones y el permiso que impuso este gobierno son de manera autoritaria, la justificación que establecen es la mejora de la movilidad y reducir el tránsito en el Área Metropolitana de Guadalajara; este tipo de disposiciones no mejorará ninguna de las anteriores, ya que con el simple pago se podrá circular en las calles y avenidas señaladas en el Mapa Funcional.
El monto de este permiso esta contemplado en la Ley de Ingresos del estado de Jalisco, el cual será de $6,000.00 por unidad anualmente y de $1,000.00 por evento hasta por 72 horas. En la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco se menciona que con dicho pago se generará un fondo para el mejoramiento de la infraestructura; esto causará una doble tributación, además que cada ciudadano ya paga impuestos para el fortalecimiento de esta política pública.
Por todo lo anterior, como ANTP comprometida con nuestros socios y derivado de las diferentes mesas de trabajo con los comités, la Dirección Jurídica y asesores les hacemos la sugerencia de recurrir a la figura del Amparo como derecho jurídico ante estas disposiciones que nos afectan como usuarios del transporte privado y flota propia.
